Declaración pública DIRECTORIO O.N.G. CORPORACIÓN CAPREIS (27/06/2018)

La O.N.G. Corporación CAPREIS, ante la grave situación que afectó a nuestras compañeras y profesionales del programa Especializado de Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente “VAPAA LINTU”, y a una de nuestras usuarias, informamos a la Comunidad lo siguiente:

  • El día martes 25 de junio de 2018, la directora y una trabajadora social del Programa PEE – Vapaa Lintu ubicado en la comuna de Los Andes, fue detenida -a nuestro juicio de manera ilegal- por funcionarios de Carabineros mientras realizaban un procedimiento de denuncia penal y proteccional a favor de una de nuestras usuarias.
  • Sin entrar en el fondo e intimidad de la situación de nuestras usuarias, huelga destacar que se trata siempre de situaciones gravísimas, en el entendido y consenso internacional que la ESCIA es una de las formas modernas de esclavitud y se configura en una de las victimizaciones más graves y complejas hacia nuestra infancia y adolescencia.
  • Durante el procedimiento, el Juez de Familia de Turno del Juzgado de Los Andes, se negó a que la adolescente que debía ser protegida de manera urgente por encontrarse en una situación de peligro grave -incluido intento de estrangulamiento- fuera trasladada a una Residencia (hogar) de una comuna cercana, y decretó que la adolescente debía quedar al cuidado de nuestras profesionales por al menos 24 horas, en tanto él tribunal resolvía en definitiva. Esta primera situación ya resulta grave, dado que, primero, se niega el Derecho a protección de la adolescente (quien, además, solicitó se oida por el Tribunal, lo que también le fue negado), sino que, además decreta una medida que no existe en la oferta programática, esto es, que un programa ambulatorio asuma el rol de Residencia, dicha situación se constituye en una distorsión grave del espíritu de la Ley 20.032, 19.968 y de la Convención Internacional de Derechos del Niño.
  • Atendida dicha resolución, que fue entregada “verbalmente” a funcionarios de Carabineros de Los Andes, nuestras profesionales se negaron a asumir dicha responsabilidad, que por sí misma, era ilegal, y que, además, no resolvía la situación proteccional de nuestra usuaria.
  • Frente a dicha negativa, funcionarias de Carabineros indican que cuentan con la “orden verbal” del Juez de Familia de Turno de Los Andes de “tomar detenidas” a nuestras funcionarias, por el delito de desacato. Es acá donde se producen otra situación no sólo inverosímil, sino que de grave violación a las garantías y derechos de las personas, y que, en nuestra opinión constituyen una ILEGALIDAD: de ser efectiva la instrucción que dice haber recibido Carabineros, esta excede las competencias de un Juez de Familia, quien no tiene la facultad de detener bajo el delito de desacato, sino que debe realizar la denuncia al Ministerio Público;  ahora bien, en caso que los dichos de Carabineros no sean ciertos, la actuación de Carabineros es igualmente ilegal, pues no se encontraba bajo ningún presupuesto legal que le permitiera realizar la detención.
  • Minutos antes que se produjera la detención, la Directora del Programa se contacta con la Dirección Ejecutiva de CAPREIS, por lo que nos apersonamos en dependencias de Carabineros, donde llegamos a los 30 minutos, informándonos Carabineros solamente que nuestras compañeras se encontraban detenidas, negándosenos la información de: motivo y de dónde provenía la orden de detención. Asimismo, a nuestras compañeras se les retuvieron sus pertenencias personales y no se les permitió comunicarse más a través de sus celulares. Tampoco se les permitió contacto, ni se informó a familiares de su detención y motivo de ésta.
  • Iniciamos rápidamente algunas acciones, no pudiendo interponer un recurso de amparo, dado que este quedaría en tabla para el día siguiente, resultando inoficioso, puesto que nuestra exigencia era la liberación inmediata de nuestras compañeras. Se tomó contacto con el Ministerio Público, quienes señalaron que se había recibido recientemente comunicación por parte de Carabineros de la situación (esto fue dos horas después que nuestras compañeras fueran detenidas, por lo que, al menos durante dos horas, estuvieron detenidas ilegalmente, sin la instrucción de un Fiscal o la orden de un Juez de Garantía), señalándosenos que “hasta ese momento” el Fiscal no había dado ninguna instrucción, y por lo tanto, que nuestras compañeras no estaban detenidas por indicación del Ministerio Público.
  • Con dicha información, exigimos nuevamente tener contacto con nuestras compañeras, lo que nos fue negado por los funcionarios de menor rango, pero que finalmente fue autorizado por el oficial de guardia, ante nuestra insistencia y ante la contundente evidencia que se estaba en presencia, al menos, de un procedimiento irregular. Se permitió a nuestro Director Ejecutivo tener contacto con las profesionales por cinco minutos, también pudimos recuperar sus artículos personales. En este contacto se constató que nuestras compañeras eran custodiadas por cuatro funcionarios de Carabineros, quienes limitaban cualquier posibilidad de movimiento, asimismo, se encontraban en sala contigua a los calabozos (dos metros de distancia).
  • En este breve contacto, nuestras compañeras se encontraban muy afectadas, máxime que nuestra usuaria (sí, la adolescente víctima de ESCIA, a quien no perdemos de vista en ningún momento de esta declaración, y a quien nuestras profesionales trataban de proteger) presenciaba todo el procedimiento de detención.
  • En este contacto, nuestro Director Ejecutivo les señala que no existe orden de detención en contra de ellas, y que no pueden ser pasadas a los calabozos (como ya se les había señalado para amedrentarlas), acto seguido, y mientras nuestro representante se dirige a la salida, es interceptado por dos de los cuatro funcionarios que custodiaban a nuestras profesionales, y le señalan que las llevarán a constatar lesiones y que cuando regresen las pasarán al calabozo “sí o sí” porque están detenidas.
  • Ante esta situación de amenaza y amedrentamiento, realizamos nuevos contactos con el Fiscal de Turno, quien, a través de funcionaria del Ministerio Público nos señala que su instrucción fue que se tomara declaración a nuestras profesionales y que se las pusiera en libertad en forma inmediata.
  • Esta situación se produjo CUATRO horas después de la instrucción del Fiscal de turno, Carabineros señaló que debían realizar el procedimiento de toma de declaración, y que por eso tardaban, sin embargo, lo que efectivamente ocurría es que dilataron todas las tramitaciones de modo que fuera el “cambio de guardia” quien terminara el procedimiento. Solicitamos al Fiscal que llamara telefónicamente para acelerar la liberación de nuestras compañeras, quien realiza el contacto, sin resultados inmediatos. Hasta ese momento, llevábamos 4 horas sin poder tener un nuevo contacto con nuestras compañeras, a quienes, además, se les negó asesoría legal.
  • Después del llamado del Fiscal, conseguimos autorización para tener un contacto de 03 minutos con nuestras compañeras, constatar su estado e informarles de la situación legal.
  • Nuestra usuaria fue trasladada cerca de las 18:00 horas a sistema residencial a comuna cercana, por orden rectificada de Juez de Familia de Turno del Juzgado de Los Andes.
  • Tres horas después, cercano a las 21:00 horas, nuestras compañeras, quienes protegieron a esta adolescente, quienes gestionaron y consiguieron vacante en el Hogar para que fuera recibida, quienes concurrieron y recurrieron al sistema de protección formal del Estado (Juzgado de Familia y Carabineros) y permanecieron con ella hasta que se les permitió, fueron puestas en libertad, esto es, después de haber estado más de seis horas detenidas.
  • Entre las 15:00 y las 21:00 horas ingresaron sólo dos procedimientos más a la Unidad Policial, donde habían más de 10 funcionarios, ninguno de ellos de mayor gravedad.

DECLARAMOS Y DENUNCIAMOS:

  1. Que la actuación del Juez de Familia de Turno del Tribunal de Familia de Los Andes resultó IMPERTINENTE , INNECESARIA, ARBITRARIA, DESPROPORCIONADA Y NO AJUSTADA A DERECHO, al decretar que un Programa Ambulatorio cumpliera funciones de Residencia.
  2. Que dicha primera actuación del Juez de Familia de Turno del Tribunal de Familia de Los Andes no resolvió la situación proteccional de la adolescente, quien se encontraba bajo una condición de grave vulneración a sus derechos fundamentales, así como de grave amenaza a su integridad física, NEGÁNDOSELE EL DERECHO A SER PROTEGIDA POR LA INSTITUCIÓN MANDATADA LEGALMENTE A HACERLO.
  3. Que la negativa del Juez de Familia de Turno del Tribunal de Familia de Los Andes de negarse a recibir y escuchar a la adolescente viola la Legislación vigente en materia de protección de la Infancia, tanto respecto de la Convención de Derechos del Niño, como la Ley 19.968 que es explícita sobre el Derecho a Ser oidos en los procedimientos que los afecten.
  4. Que de ser efectiva la información entregada por Carabineros en orden  a que la instrucción de detener a nuestras compañeras provino del Juez de Familia de Turno de Los Andes, esto representa una ilegalidad, dado que el Juez de Familia no cuenta con la facultad legal para ello.
  5. Que de no ser efectiva la información entregada por Carabineros, en orden a que recibió la instrucción del Juez de Familia de Turno de Los Andes, de detener a nuestras compañeras, esto constituye una actuación ilegal de Carabineros.
  6. Que, sin perjuicio de lo anterior, la incomunicación de nuestras compañeras durante su detención, la no notificación de su detención y los motivos de esta, así como las trabas para poder constatar el estado en que se encontraban y los amedrentamientos sufridos durante la detención y la negativa a asistencia legal, se constituyen en violaciones no sólo al Debido Proceso, sino que, a las garantías fundamentales provenientes de un agente del estado cuya misión, es, por el contrario, ser garante de derechos, y por tanto se configura, en nuestra opinión en una GRAVE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

RECHAZAMOS:

  1. Toda práctica abusiva, violentadora, e ilegal como las denunciadas por parte de las autoridades, tanto en contra de nuestra usuaria, como de nuestros profesionales y compañeras.
  2. Todo acto de discriminación contra víctimas de explotación sexual comercial infanto adolescente, en especial desde los diferentes servicios y órganos del Estado, mandatados a proteger, restituir y reparar.

EXIGIMOS

  • El seguimiento y monitoreo permanente de la situación proteccional de nuestra usuaria.
  • Que la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronuncie a la brevedad sobre el recurso de queja que interpondremos contra las actuaciones del Tribunal de Familia de Los Andes.
  • La presencia del Ministro Visitador del Juzgado de Familia de Los Andes, para que, de manera presencial, constate ésta y otras muchas irregularidades, arbitrariedades e incluso ilegalidades cometidas por dicho Tribunal y diseñe un plan de intervención de dicho Tribunal.
  • Una investigación sumaria al procedimiento de Carabineros.
  • Una revisión de la relación y comunicación entre el Ministerio Público y Carabineros, particularmente respecto de los procedimientos y oportunidad de éstos, en que deben primar la presunción de inocencia, y todas las garantías y principios fundamentales reguladores de la persecución penal.
  • La presencia en el territorio de la Dirección Regional y/o Nacional del SENAME a fin que cumpla con la obligación legal de informar a la judicatura de la oferta programática y respalde la actuación de nuestros programas.

 INVITAMOS A LA COMUNIDAD:

  • A ser garantes de Derechos de toda la infancia y adolescencia de nuestro país, y particularmente de aquella más vulnerable y vulnerada.
  • A reconocer en estas profesionales detenidas ilegalmente, el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño, ver e inspirarse en ellas, como las verdaderas heroínas que son. Reconocimiento que nuestra institución les hace desde ya.
  •  A abandonar los prejuicios respecto de las víctimas de vulneraciones de derechos tan extremas como la Explotación Sexual Comercial Infanto Adolescente (ESCIA)
  •  A incluir en sus análisis sobre la crisis estructural de la protección de la infancia, la actuación de los Tribunales de Familia, actores privilegiados, pues concentran el monopolio de la acción proteccional jurídica y, sin embargo, aparecen liberados de responsabilidad respecto de las graves situaciones de vulneración a los Derechos de la Infancia y Adolescencia en nuestro país.
  • A informarse críticamente de los procedimientos en materia de infancia, en especial todos aquellos que implican medidas altamente invasivas, dado que TODOS ELLOS son decretados por Jueces de Familia, NO por SENAME ni por las INSTITUCIONES COLABORADORAS. 

COMO ONG CORPORACIÓN CAPREIS REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO:

  • A continuar con nuestros esfuerzos por avanzar hacia un horizonte de transformación social equitativo e inclusivo, como mecanismos conducentes a la igualdad, en que se reconoce el derecho de todos los seres humanos a ser felices en una relación armónica y respetuosa con los otros y el entorno.
  • A seguir contribuyendo activamente en promover y desarrollar prácticas inclusivas que lleven a la construcción colectiva de una sociedad más justa y equitativa.
  • A mantener presencia en el territorio en el Valle del Aconcagua y a seguir cofinanciando el Programa PEE – Vapaa Lintu, pues aunque esta insólita y nefasta experiencia, nos duele, también nos moviliza.
  • A tener una actuación decidida frente a la injusticia, a denunciar y canalizar cursos de acción orientados a proteger, restituir y reparar.

Directorio

O.N.G. Corporación CAPREIS

San Felipe, a 27 de junio de 2018

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