Carta del Bloque por la infancia al Presidente del Senado (28/04/2017)

Santiago, 28 abril 2017

Excelentísimo Sr. Andrés Zaldívar Larraín
Presidente del Senado
Honorables Senadores/as
Presente

El Bloque por la Infancia es una coalición amplia y transversal de ONG`s que nació en abril de año 2012, en torno a las Mesas Temáticas de la Presidencia del Senado, constituyendo allí su área de infancia. En estas líneas deseamos expresar a ustedes algunas preocupaciones en relación al proyecto de ley sobre la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el cual deberá llegar próximamente a Sala.

  1. De acuerdo con la Observación General N° 2 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el mandato legal de la Defensoría debe ser lo más amplio posible en cuanto al alcance del ejercicio de sus competencias y atribuciones específicas de difundir, promover y proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas y velar por su interés superior. Sin embargo, el artículo 2° del proyecto, en su frase final reduce el ámbito de sujetos, a los cuales dirige su acción, solo a “los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción o protección de derechos de los niños y niñas” (lo destacado es nuestro). De este modo, quedan injustificadamente fuera de su radio de acción, innumerables otros potenciales agentes vulneradores de derechos públicos y privados, incluso de muchos que, trabajando directamente con niños y niñas no necesariamente declaran en su objeto principal la promoción o protección de derechos.
  1. Si bien en las “Disposiciones Generales”, artículo 3º, se define a la Defensoría como entidad autónoma, contiene un segundo inciso que establece que “la Defensoría ejercerá sus funciones y atribuciones de manera coordinada con otros órganos del Estado vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, tales como, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos…”. Esto deja una ambigüedad sobre su autonomía efectiva, cuestión que ha señalado también la Corte Suprema en el informe relativo a este proyecto de ley.

Para superar esta situación proponemos trasladar el inciso segundo del artículo 3º a otro artículo o, generar uno nuevo relativo a la coordinación mutua de las instituciones de DDHH, sin dejar posibilidad a ningún tipo de interpretación que pueda limitar la autonomía de la Defensoría o subordinarla a otro, como también podría desprenderse del artículo 4° letra m).

  1. El sistema de nombramiento propuesto hasta ahora también nos merece observaciones. En primer lugar, no parece justificada la intervención del INDH como entidad llamada a proponer al Senado el candidato a ejercer la magistratura del Defensor; más bien el Defensor debe responder a un perfil de máxima idoneidad e independencia de juicio, buscado y elegido abierta y pluralmente, proceso en el cual las dos Cámaras del Congreso Nacional deberían acreditar, aparte de las condiciones profesionales y de trayectoria, la legitimidad democrática del elegido.

Por otra parte, el proyecto no explicita la necesaria y real participación de la sociedad civil organizada en el levantamiento de candidatos/as a Defensor. Esto es una incoherencia evidente dado que, todo Defensor es por definición un recurso institucional de la ciudadanía. Por ello, en el proceso de selección de candidatos, debiera participar la sociedad civil organizada y, respecto de estos, el Senado tomar su decisión.

La debilidad relativa a la participación de la sociedad civil está también expresada en la fragilidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil propuesto en el proyecto de ley. Por lo tanto, como mínimo, debiese quedar establecida la participación de dicho Consejo en el Informe Anual del Defensor. Así mismo, debiese estar considerado el escuchar a los niños y niñas y/o a sus organizaciones propias, para fundamentar los contenidos de dicho informe y se debe señalar expresamente que dicho Consejo Consultivo contará con un financiamiento provisto por la Defensoría, para su funcionamiento regular.

  1. En las funciones del Defensor, consideramos que se debe reforzar su capacidad de investigar por sí mismo las denuncias o reclamos que reciba, tal como lo ha señalado la Observación General Nº 2 del Comité de Derechos del Niño de la ONU (19. a), y no solo efectuarlas o derivar peticiones ante otros órganos administrativos o judiciales competentes. Esta función de atender denuncias individuales, lo que no debe confundirse con una inviable asesoría jurídica a la manera de otras instancias ya existentes, es parte central del quehacer de un Defensor de esta naturaleza y, por lo demás, le permite al órgano conocer la realidad de las vulneraciones de primeras fuentes, dimensionarlas objetivamente y compenetrarse con su misión legal. Por tanto, se debe incluir explícitamente un sistema de recepción, procesamiento y respuesta de quejas o reclamos que presenten los niños y niñas, las organizaciones de protección de sus derechos u otros agentes interesados.

Lo anterior debería estar ligado con el reconocimiento de una legitimación, para representar a los niños y niñas en ciertos casos graves, por lo que consideramos necesario que se abran más las posibilidades de interponer acciones de representación judicial individual o colectiva (el proyecto hoy sólo admite algunos tipos de casos muy excepcionales, rodeados, además, de requisitos copulativos sumamente discrecionales y de escaso valor orientador, para quien debe interpretar o aplicar esas normas). Al respecto la Observación General Nº 2, ha sido explícita en recomendar como actividad “19. p) Emprender procedimientos judiciales para reivindicar los derechos del niño en el Estado o brindar a los niños asistencia jurídica;…”.

Vocería Bloque por la Infancia

Nury Gajardo, Delia del Gatto, Francis Valverde, José Andrés Murillo, Alejandra Riveros, Nicole Romo y Jorge Martínez (Secretario)