“DOS PROYECTOS, DOS VISIONES”

“DOS PROYECTOS, DOS VISIONES”

Jorge Martínez Muñoz, Jefe Área de Estudio e Incidencia de Fundación Mi Casa.
03/05/2017

El 24 marzo 2017 han ingresado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución del Senado, los anunciados proyectos de ley que debiesen terminar con el SENAME, creando dos nuevos Servicios públicos, uno centrado en la “Protección Especializada de Niños y Niñas” (a Cámara de Diputados) y el otro, centrado en la “Reinserción Social Juvenil”, léase infractores de ley penal (al Senado). Estos proyectos presentan una profunda diferencia en la visión subyacente y en sus formas.

El proyecto correspondiente a justicia juvenil, realiza un esfuerzo muy importante por tratar de generar este nuevo servicio, en el marco de una serie de transformaciones requeridas por el conjunto del sistema que se ha ido creando desde la Ley 20084. Constatamos que, desde las primeras líneas de sus “Fundamentos” declara la necesidad de modificar el diseño de lo creado hasta el presente. En pro de tal esfuerzo, no se ha dudado en integrar en el articulado de este nuevo servicio dichas transformaciones, no permitiéndose dejar pasar la oportunidad que esta iniciativa implica. Facilita por cierto esta tarea el hecho que, en justicia juvenil hace ya más de 10 años se cuenta con una ley de base.

No sería exagerado caracterizar la propuesta del Ministerio de Justicia como una opción por un enfoque “sistémico”, dado que pone en la base los cambios requeridos por el conjunto del sistema y es allí y sólo allí, donde ubica al Servicio. Además, dichos cambios no quedan en el articulado en contenidos genéricos y meramente declarativos, lo que hace es instalar esos cambios de manera explícita, buscando así la especialización de los actores del sistema, buscando reforzar el enfoque de derechos en Justicia Juvenil,  buscando asegurar los apoyos intersectoriales, buscando hacerse cargo de la mayor parte de los nudos fundamentales, relativos a la ley 20084 y su implementación, que ha acumulado dicho sistema en los 10 años transcurridos y que están extensamente tratados en el Mensaje Presidencial.

Ciertamente su debate no será fácil pero, no hay dudas de que forzará, transversalmente, a los actores políticos (los actuales y los que vengan) a meterse en los temas que allí se tratan, obligándolos a debatir a fondo, no sólo sobre un nuevo servicio sino también sobre las transformaciones estructurales que dicho sistema requiere, porque la convicción y la señal de los autores es clara: para poder hacer viable, para poder asegurar la existencia de este nuevo servicio de reinserción social, se requiere ineludiblemente de un sistema rediseñado, sin aquello, el servicio no podrá garantizar lo que se espera de él.

El proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, ha tomado una opción de mucho menor alcance.

En dicho proyecto, y sin mayor análisis crítico, el Mensaje describe la “fecunda agenda” en curso, a saber: proyecto de ley de Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez en el MDS y proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, todo lo cual generaría en el futuro la “institucionalidad necesaria para proteger los derechos de nuestros niños y niñas”.

A lo anterior y a manera de diagnóstico, constatan las recomendaciones recibidas por el Comité de los Derechos del Niño, respecto de la necesidad de contar con “estructuras institucionales adecuadas” para los niños y niñas más vulnerables y constatan que “el funcionamiento del actual SENAME ha sido cuestionado…”. Es desde allí que desprenden la reestructuración propuesta, la que permitiría perfilar un nuevo servicio especializado, que proveerá prestaciones dirigidas a reparar y restituir derechos, en el marco del futuro Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, el cual se supone se configurara con la sumatoria de los diversos proyectos enunciados y de otros prometidos, que el Ejecutivo espera ingresar durante el transcurso de este año.

En esta visión, no se relevan las carencias sistémicas de lo existente en la protección de la niñez, al interior de las cuales está instalada la trayectoria misma y los problemas y crisis que enfrenta SENAME hoy y que, por lo demás, ha enfrentado casi desde su mismo nacimiento. Tampoco se entregan los elementos que, desde la óptica del Ejecutivo, permiten configurar un “sistema de garantías de derechos” (o, de protección integral como preferiríamos), más allá de los proyectos de ley ingresados. Lo que se entrega de manera general, son las deficiencias particulares que hacen al cuestionamiento que hoy vive SENAME.

El contrapunto al respecto es que, si los males del SENAME no son ajenos a la realidad sistémica de la protección de la niñez en Chile, (de lo cual SENAME es un efecto y un síntoma), no dar cuenta de esa realidad es correr el riesgo, al generar lo nuevo, de arrastrar similares males o, crear nuevos males. Tomemos un ejemplo clave; un problema sistémico fundamental en las carencias de la protección en Chile, es la no responsabilización legal e institucionalmente establecida, de la estructura administrativa del Estado en el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de la niñez (lo que habla de un Estado que no se ve asimismo como garante de derechos), esto tiene una incidencia directa en el aislamiento y tensiones en que ha operado SENAME, desde el mismo año 1979, entonces, el no considerarlo como un dato básico para la generación de lo nuevo, es arrastrar lo ya existente y de paso, crear nuevamente expectativas que no podrán tampoco ser cumplidas, porque es imprescindible que se realicen las reformas necesarias, para que, cualquiera sea el servicio (incluso el propio SENAME), tenga viabilidad en su implementación.

Lo que constatamos es que, el nuevo Servicio aparece como una respuesta directa a lo señalado por el Comité de Derechos del Niño por un lado y a la presión de las comisiones investigadoras del Congreso por otro. A su vez, la relación con el sistema que se espera llegar a tener hacia el futuro sería la de proveer prestaciones, cosa que hoy ya hace SENAME.

La lógica que parece estar implícita es que, el sistema de garantías de derechos de la niñez será, en un futuro, el resultado de la sumatoria de los diversos proyectos ingresados, los cuales algunos cifran en 5 y otros en 7 u 8 (esto al adicionar adopción, proyecto ingresado en octubre 2013 y los dos relativos a maltrato, uno ingresado en marzo 2014 y hoy finalizando su trámite y el otro ingresado en enero 2015 y aún en trámite).

El problema del razonamiento anterior, es que basta que algunas de las partes no esté a la altura de lo exigido o que, en el trámite constitucional sufra modificaciones, para que el sistema tan esperado no llegue. De hecho, el proyecto de ley de base de dicho sistema, el de “sistema de garantías de derechos de la niñez”, no tiene la capacidad para crear lo que enuncia[1], de modo que, si la base cruje es fácil suponer que el día de mañana, el conjunto del sistema crujirá también. Ahora, si es que estos proyectos no llegan a ver la luz en el actual periodo legislativo y, la historia enseña que todo nuevo Gobierno y Parlamento, tiende a cambiar gran parte de los proyectos de ley heredados (cuando no a obviarlos o, enterrarlos), las bases mismas del sistema tendrán que seguir esperando.

En este sentido, el proyecto de reinserción social (justicia juvenil) tiene el mérito de que, pensando en el rediseño del sistema para hacer viable el nuevo servicio, todos los temas tratados son necesarios de debatir, por ello, aunque no llegue a ser aprobado en este periodo legislativo (cosa por lo demás evidente), seguirá siendo un referente fundamental e inevitable en el debate de cualquier futuro gobierno y de cualquier futuro parlamento.

[1] Es esta debilidad originaria de dicho proyecto de ley, que el Ejecutivo no ha estado dispuesto en reparar en todo este tiempo de debate parlamentario, es lo que ha conducido a esta especie de teoría respecto a que se puede llegar a “lo mismo” sumando partes.